Moncloa asume mayor coste en la partida con las medidas propuestas a los agentes sociales
La derogación del Índice de Revalorización y la vinculación de las subidas con la inflación y la anulación del factor de sostenibilidad llevarán el gasto anual en pensiones al 14,2% del PIB en 2050, lo que supone un aumento de la factura anual de las prestaciones de 40.000 millones de euros.
El Gobierno asume ya una máxima que resultará del proceso de reforma del sistema público de pensiones: las medidas que se adopten elevarán el gasto anual en esta partida a cargo de la Seguridad Social, para la que se destinarán en este año 135.000 millones de euros. Concretamente, la derogación del factor de sostenibilidad unido a la sustitución del IRP por el IPC como guía para la revalorización de las pagas supone endosar a la factura anual otros 40.000 millones de euros. De modo que si en 2019 el desembolso en prestaciones alcanzaba el 10,9% del PIB, y según las estimaciones de la AIReF, estas dos medidas harán que en 2050 este coste ascienda a 14,2 puntos porcentuales del PIB.
Pero más allá, este aumento del gasto provocaría según la AIReF asumir un volumen de deuda letal para la economía, en el entorno del 165% del PIB. Eso, siempre y cuando el Ejecutivo incorpore en las medidas para la reforma del sistema público algún tipo de elemento compensador del aumento de la esperanza de vida, como parece que actuará el anunciado como factor de equidad generacional, que será aprobado en el próximo año, en una segunda fase de la reforma del Sistema. De no introducirse un elemento corrector del gasto asociado a la evolución demográfica, la deuda pública ascendería hasta el 175% del PIB como producto de la reforma que está llevando a cabo el Gobierno.
Fuente: EL ECONOMISTA
