Las comunidades autónomas deberán devolver al Estado 3.000 millones de euros en 2022 cuando se practique la liquidación correspondiente al año 2020, de acuerdo con las estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Según ha explicado director ejecutivo de la Fundación, Ángel de la Fuente, la financiación total por caja de 2020 ha superado a la financiación devengada en 12.400 millones de euros, un desfase que se notará en la caja de 2022 en forma de una «fortísima reducción» de la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica que se practique ese año.
En concreto, pasará a tener un saldo negativo de unos 3.000 millones de euros, frente al saldo positivo de 10.700 millones de euros de la liquidación practicada en 2020.
En términos de caja, la financiación total de las comunidades autónomas de régimen común ha aumentado entre 2018 y 2020 en un 7,5%, y en un 11,1% si se tiene en cuenta el último tramo del Fondo Covid-19 (que no está ligado a gastos extraordinarios generados por la pandemia), mientras que el PIB se ha reducido en un 6,3%.
Como ya hizo durante la crisis de 2008, el Gobierno central ha optado por aislar a las comunidades autónomas de las consecuencias financieras inmediatas de la crisis mediante un cálculo «muy sesgado al alza» de las entregas a cuenta del sistema y a través de transferencias extraordinarias, que entonces se plasmaron en una sustancial revisión al alza de la aportación del Estado al Sistema de Financiación Autonómica con motivo del acuerdo de financiación de 2009 y ahora en el llamado Fondo Covid-19, que previsiblemente se mantendrá de una forma u otra durante varios ejercicios.
Por su parte, entre 2018 y 2020 la financiación efectiva total de las comunidades de régimen común medida en estos términos se ha reducido en un 5,3%, que se queda en sólo un 1,8% si se tiene en cuenta el último tramo del Fondo Covid-19.
Esto se debe a que la caída de los ingresos tributarios de las autonomías ha sido mucho más suave en esta crisis que en la anterior (-4,3% entre 2018 y 2020 frente a -23,8% entre 2007 y 2009). El grueso de la diferencia tiene que ver con que esta vez no se ha sufrido nada parecido al estallido de la burbuja inmobiliaria y fiscal que se produjo en 2008-2009 pero también ha sido importante el fuerte aumento de los salarios y prestaciones públicas que compensó el descenso de las rentas privadas durante 2020.
Según Fedea, esto ha sido fruto de «una política intencionada» de protección de rentas familiares mediante transferencias públicas que ha funcionado bien a corto plazo pero que, en opinión de Fedea, «no puede prolongarse mucho en el tiempo puesto que se está financiando con déficit en un contexto de deuda ya muy elevada».
