Autónomos, empresarios, patronales e instituciones como el Banco de España llevan meses reclamando la necesidad de impulsar un plan de ayudas directas que permita al tejido productivo sobrellevar la prolongación de la pandemia. La respuesta llegó el 12 de marzo, cuando el Gobierno de coalición resolvió sus diferencias internas en cuanto al diseño y lanzó un plan de refuerzo de la solvencia empresarial de 11.000 millones de euros con 7.000 en asistencia directa que tardaría algo más de un mes en facilitar a las autonomías. Transcurrido el plazo, solo cinco regiones han firmado el convenio con Hacienda que desbloquea los fondos.

 

El documento les fue remitido a todas las comunidades entre el jueves y el viernes de la semana pasada, pero siete días después el grueso seguía sin haberlo remitido al Ministerio que tarda hasta 10 días en realizar la transferencia desde que el documento le es devuelto firmado. Esto unido a la normativa autonómica que cada región quiera impulsar para modular las ayudas promete seguir retrasando el momento en el que pymes y autónomos podrán recibir las ayudas.

 

Una de las últimas regiones en aceptar ha sido Madrid, cuya aceptación había llegado a estar en duda, al menos hasta pasadas las elecciones autonómicas del 4 de mayo, por los reproches del Ejecutivo autonómico al central en torno al reparto de fondos. De los 7.000 millones, 2.000 se reservaron a Canarias (1.144 millones) y Baleares (855,7), mientras que las principales beneficiarias de los 5.000 peninsulares fueron Andalucía (1.109,2) y Cataluña (993,3), quedando Madrid justo por debajo con 679,3 millones.

 

Fuente: CINCO DÍAS

 

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