España retrasa el envío del Plan de Recuperación a Bruselas y ha pactado ya el grueso de ese esquema (reformas a cambio de 140.000 millones) con las instituciones europeas.

 

 

La Moncloa ha incluido muchas de las sugerencias de la Comisión Europea, pero se planta en tres asuntos medulares, las reformas laboral, de pensiones y fiscal, con el argumento de que esos cambios tienen una enorme carga político económica y hay que consensuarlos con los agentes sociales, el Pacto de Toledo y la recientemente creada comisión de expertos para la reforma impositiva.

 

 

El Gobierno presentará esta semana con la fanfarria de las grandes ocasiones el documento central del plan, y mandará todos los papeles a la UE entre el 20 y el 27 de abril, un mes más tarde de lo previsto.

EE UU acaba de poner dos billones de dólares sobre la mesa para reactivar su economía, y promete dos billones adicionales en infraestructuras y medidas de medio plazo. Europa reaccionó bien hace ya casi un año, en la fase más aguda de la pandemia, con una combinación de política monetaria y fiscal muy distinta de la austeridad patrocinada por Alemania en la Gran Recesión.

 

Pero la UE se ha dormido en los laureles con las vacunas y se ha quedado rezagada en el plano económico: los 750.000 millones del plan europeo pueden quedarse cortos y acumulan retrasos preocupantes. La sensación de urgencia, en fin, se ha esfumado. Así está el partido ante una de las grandes operaciones de la historia económica reciente: a España, uno de los países más golpeados —con una caída del PIB cercana al 11% en 2020— tienen que llegar más de 140.000 millones a cambio de un plan de recuperación del que aún se sabe poco, que se ha negociado entre bambalinas y que va con cierto retraso respecto al calendario anunciado en su día.

 

 

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