El Gobierno español ha terminado sumándose este mes a los del resto de grandes potencias europeas aprobando finalmente un paquete de ayudas directas a empresas con un diseño bastante similar al impulsado en Alemania, Francia o Italia. En comparación, el modelo patrio resulta más favorable a las pymes –que componen el grueso del atomizado tejido productivo nacional– pero llega tarde, es poco ágil y, ante todo, parte de una dotación que palidece ante los planes de los países vecinos, que en casos como el alemán llegan a ser siete veces más potentes, según un análisis publicado ayer por Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. En su estudio, Torres destaca la importancia de que, ante el alargamiento de la pandemia y su dañino efecto sobre la situación patrimonial de las empresas, los Ejecutivos europeos se hayan decidido a acompañar las medidas inicialmente impulsadas para facilitar financiación (como los créditos avalados por el ICO) de trasferencias directas para reforzar la solvencia de las compañías más afectadas por la crisis.

En este sentido, “las ayudas que establece el Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial son similares a las que se aplican en los otros tres países en cuanto al porcentaje de pérdidas que se compensan”, expone Torres, que subraya que “además, al incorporar un mínimo de 4.000 euros” en ayudas a cada pyme, “el dispositivo español tiende a favorecer a los pequeños negocios”.