El Ministerio de Trabajo mantiene su hoja de ruta: los temas por los que plantea empezar el desmontaje de la reforma laboral son la negociación colectiva y la subcontratación.
El documento remitido ayer a los agentes sociales para la reunión de que se celebra este martes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no deja lugar a dudas. Plantea eliminar la prioridad actual de los convenios de empresa para fijar el salario base y los complementos salariales, es decir, vuelven así a los sectores. Y, además, retoma la regulación de la subcontratación introduciendo en la norma el criterio de una sentencia reciente del Tribunal Supremo.
En el texto de cinco páginas que abordará este martes el diálogo social se plantea principalmente la modificación de los artículos de la norma relacionados con la subcontratación y la negociación colectiva. También se propone abordar la prórroga de los convenios una vez caducan, la llamada ultraactividad. Nada se apunta sobre temporalidad y contratación. No obstante, este es un primer documento de negociación que cambiará mucho durante las conversaciones —tanto en el diálogo con los agentes sociales como en el seno del propio Gobierno—.
Para Trabajo, como explicó su secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, en una entrevista en este diario, la temporalidad es un asunto prioritario, pero debe abordarse con “más reflexión”. Es decir, no cree que el momento sea ahora. La propuesta lanzada a la mesa de negociación ya por el departamento de Yolanda Díaz se basa volver al punto en que se detuvieron las negociaciones precisamente en marzo de 2020 cuando explotó la pandemia. Entonces se negociaban los cambios en la subcontratación, un tema que no está directamente vinculado a la reforma laboral de 2012, y por ahí empieza la redacción propuesta. En ella, lo primero que se hace es adaptar a la ley el criterio de una sentencia del Tribunal Supremo dictada en diciembre que hace más restrictiva la contratación temporal de las subcontratistas.
A partir de aquí, se vuelve al debate clásico de los últimos años en los sucesivos intentos frustrados de reformar la subcontratación. En definitiva, lo que propone Trabajo es que sea el convenio sectorial el que fije las condiciones laborales de los empleados de una empresa subcontratada. La intención de esto es entorpecer el deterioro de las condiciones laborales de estos trabajadores. En los últimos años, ha habido muchos casos de subcontratistas que recurriendo a sus propios convenios degradaban sueldos y salarios. Donde más se ha producido ha sido en la seguridad privada o entre las camareras de pisos en los hoteles, las conocidas popularmente como kellys.
El siguiente elemento que se aborda es el más mediático y el que ha supuesto más fricciones dentro del Ejecutivo: la negociación colectiva. La redacción planteada no da a los convenios sectoriales la aplicación en todos los temas, pero sí en la más determinante: los sueldos y los complementos salariales. En el resto de aspectos, hay matices aunque en la mayoría sigue prevaleciendo la jerarquía de lo pactado en las empresas, como por ejemplo en la distribución del tiempo de trabajo (turnos, vacaciones) o en la clasificación profesional.
La ausencia en este documento de un cuarto tema negociado en 2020, la modificación unilateral por los empresarios de las condiciones laborales, indica que esta primera propuesta está muy abierta. También señala lo mismo la ausencia de redacción alguna sobre ultraactividad. Por tanto, puede concluirse todos estos planteamientos pueden cambiar mucho y el acuerdo final —en caso de que lo haya— puede construirse con muchos más elementos: también con la temporalidad.