Es solo un primer paso, pero muy significativo. El real decreto ley publicado ayer en el BOE incluye una modificación relevante en el tratamiento de algunos créditos públicos en los concursos de acreedores. Tras la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) a España para que la ley dejara de privilegiar tanto a las administraciones públicas frente a otros acreedores, y a las puertas de la transposición de la directiva europea que apunta en esta misma dirección, el Gobierno ha movido ficha. Por fin.

En concreto, el decreto establece que, en caso de declaración de concurso de acreedores de un deudor con préstamos avalados por el ICO, “los créditos derivados de la ejecución de estos avales podrán quedar afectados por los acuerdos extrajudiciales de pagos y se considerarán pasivo financiero a efectos de la homologación de los acuerdos de refinanciación”. Además, añade el texto publicado ayer, para aquellos consumidores, autónomos o empresarios que presenten concurso y se acojan a la ley de la segunda oportunidad para liquidar sus activos y empezar de nuevo, “el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá igualmente a los citados créditos”.

Esta regulación implica que, en lo relativo a los avales del ICO -y, de momento, solo ahí-, la Agencia Tributaria ya no podrá bloquear en la práctica los acuerdos de refinanciación al oponerse a quitas o esperas en la deuda, como es habiual. Y, sobre todo, implicará que las personas físicas que acaben presentando concurso de acreedores podrán aspirar –obviamente, si cumplen las condiciones que marca la ley– a lograr el perdón judicial a todas sus deudas, incluidas las públicas vinculadas a los préstamos ICO-

Fuente. LA VANGUARDIA

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