Los fondos se entregarán a empresas que justifiquen una caída de la facturación del 30%
Tras la polvareda política, queda ajustar los flecos técnicos del decreto de ayudas a las empresas. Pese a las reticencias iniciales, el Gobierno tiene claro que habrá transferencias no reembolsables desde hace un par de semanas, pero el problema es cómo articularlas. Desde que España se unió a la UE, no hay precedentes de ayudas masivas a empresas. El plan sigue sin cerrarse porque no está listo el sistema para controlar que los fondos se destinan a los objetivos previstos: reducir deudas y pagar gastos fijos como alquileres o suministros que no se cubren por las caídas de ingresos. Su diseño trae de cabeza a la Administración.
Desde que el presidente Sánchez anunció el plan de 11.000 millones, hace ya dos semanas, el Ejecutivo tiene decidido que habrá ayudas directas: compensaciones a empresas por caídas de ingresos que, según el esquema de ayudas aprobado por Bruselas a España, serían para las que han perdido el 30% de la facturación respecto al periodo prepandemia. El Gobierno quiere ayudas selectivas, condicionadas y muy focalizadas, con objetivos bien definidos. Y se ha topado con el inconveniente de cómo controlar que realmente se emplean en las metas fijadas: Economía quiere que los fondos se destinen a pagar costes fijos. Y que el resto se dedique a reducir el endeudamiento, básicamente los pagos pendientes a proveedores. Tener listo un sistema para comprobarlo es un problema de gran dificultad técnica, y ha enfrentado a varios ministerios: unos pretendían que fueran las comunidades autónomas quieren gestionaran los fondos; otros son partidarios de que sea la Administración General del Estado —singularmente, la Agencia Tributaria— quien lleve el control.
Según fuentes gubernamentales, la creación de una estructura de control es lo que ha provocado que Hacienda y Economía retrasen la aprobación del conjunto de medidas para aliviar a las empresas. Aunque otras fuentes aseguran que en parte se ha perdido mucho tiempo en las discusiones de fondo sobre cómo debía ejecutarse el plan.
Fuente: EL PAÍS
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