Un documento de Economía ve “indispensable evitar la retirada prematura de estímulos” y alerta de los efectos negativos sobre el PIB de las medidas para luchar contra la pandemia durante los primeros meses del año

El Gobierno hizo más o menos lo que debía para combatir la crisis, pero España ha gastado menos que otros países, según el BCE y el FMI, en parte por falta de músculo fiscal. El discurso del Ejecutivo no varía, pero sí se detecta una inflexión en el relato: Economía admite ya que la tercera ola “afectará negativamente al crecimiento”, al menos en el primer trimestre, según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. Y pone ahora el acento —más keynesiano— en “evitar la retirada prematura de apoyos y orquestar esquemas que ayuden a las empresas”, tal y como piden los agentes sociales y el Banco de España. Traducción bíblica: habrá más medidas para salvar los próximos meses, a la espera de que actúen las vacunas y lleguen los fondos europeos.

Quedan unos meses malos antes de que las vacunas y los 140.000 millones en fondos europeos empiecen a limpiar las vías de salida hacia la recuperación. Economía, que hasta ahora se aferraba a sus previsiones —un inalcanzable crecimiento del 9,8% este año, en el mejor de los casos—, ya lo empieza a admitir negro sobre banco: “La tercera ola y el endurecimiento de las medidas de contención del coronavirus afectarán negativamente al primer trimestre del año”, según el citado documento del Ministerio. Y el gran riesgo es una oleada de insolvencias de empresas, del que han ido avisando el FMI y el Banco de España: “Es indispensable evitar la retirada preventiva de apoyos y orquestar mecanismos que ayuden a las empresas viables a sobrevivir”, afirma el mismo informe. La vicepresidenta Nadia Calviño concretó ayer un poco más en Barcelona las medidas que viene anunciando desde hace semanas pero que no terminan de llegar. El Ejecutivo trabaja para ampliar “cuanto antes” las ayudas directas a las empresas, y ha enviado a Bruselas una batería de propuestas para responder a las necesidades del tejido productivo. Las autonomías proporcionarán ayudas directas “más ajustadas” a las características de cada región, y el Estado tomará medidas desde el punto de vista fiscal y financiero, a través del ICO, según Calviño.

Fuente:  EL PAÍS

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