La UE decidirá en primavera si reactiva las reglas fiscales en 2023, lo que podría comprometer hasta un 25% del dinero asignado
La suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, impulsada por los organismos comunitarios a comienzos de la crisis del coronavirus para dar algo de tregua a las economías nacionales y cuya vigencia está prevista, al menos por ahora, hasta 2022, da como mínimo un año de tregua a España en lo que a la recepción de los fondos de reconstrucción se refiere. Una vez que los socios tengan que volver a la senda fiscal, sin embargo, el desembolso de los más de 140.000 millones de euros a los que opta España entrará en zona de riesgo habida cuenta de que la Comisión y el Consejo se guardan un as bajo la manga para poder cerrar el grifo de hasta un cuarto de los fondos comprometidos cuando uno de los socios incumpla los objetivos de reducción de déficit.
En concreto, tal y como recoge el reglamento definitivo del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia –la principal pata del fondo Next Generation UE–, la suspensión del desembolso de los fondos “estará sujeta a un máximo del 25% de los compromisos o el 0,25% del PIB nominal, el que sea menor”, cuando uno de los socios quebrante las exigencias asociadas a un proceso de déficit excesivo abierto por el Ejecutivo comunitario, entre otras razones.
El Consejo Europeo utiliza este tipo de procedimientos para apoyar la vuelta a situaciones presupuestarias saneadas, una sombra que amenaza con cubrir a España teniendo en cuenta que la propia Comisión, en sus previsiones de otoño, proyectó un déficit público que se dispararía al 12,2% del PIB en 2020, al 9,6% un año después y al 8,6% en 2022. Sin embargo, mientras la cláusula de escape permanezca en vigor, recalca el reglamento, el grifo seguirá abierto. “La posibilidad que tiene la Comisión de proponer una suspensión debe a su vez suspenderse siempre que se haya activado la llamada cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, señala el texto.
Fuente: CINCO DÍAS
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