Publicado el 21/12/2020 Categoría: Actualidad, Medidas

El Gobierno se apoya en la gran empresa para gastar los fondos europeos



El Ejecutivo apuesta por las sociedades de economía mixta, en las que tendrá la mayoría del capital

 

El reto de gastar los fondos europeos es ingente. Así que el Gobierno se apoyará en las grandes compañías para asegurarse la buena ejecución de los proyectos. Estas están presentando ideas al Ejecutivo, y algunas ya han sido aprobadas en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y remitidas a Bruselas. Además, en el último borrador del real decreto-ley para modernizar la Administración que se aprobará este martes, el Gobierno fomenta las sociedades de economía mixta como un nuevo modelo prioritario para trabajar con las empresas en los fondos europeos. Bajo este esquema, el Estado tendrá la mayoría del capital y ejecutará el proyecto junto al socio.

 

Gastar bien 70.000 millones en un plazo de entre cuatro y seis años no será tarea fácil. Solo para el año que viene el Gobierno tiene presupuestados del maná europeo unos 24.000 millones del mecanismo Next Generation EU, unos 2.400 del fondo REACT EU destinados a sanidad, y las comunidades podrán optar a unos 8.000 millones del REACT UE que se vehicularán a través de Fondo Social Europeo y los FEDER. En total, 34.634 millones.

 

 

Los ministerios transferirán una parte de esa cantidad, 10.793 millones, a las autonomías en los capítulos de competencias propias de energía, transportes, vivienda, educación o sanidad. De manera que, según consta en el informe económico-financiero de Presupuestos, el reparto de los fondos será del 54% para las comunidades, un 4% para los Ayuntamientos y el resto para el Estado. Mucho que gastar en un solo ejercicio. “Tenemos que cumplir con un calendario muy ajustado, no solo para presentar los planes de inversión y las reformas, también para la ejecución y la certificación ante la Comisión Europea”, declaró María Dolores Genaro, consejera del Tribunal de Cuentas, en unas jornadas celebradas por el Observatorio de la Contratación Pública.

 

Fuente:  EL PAÍS

 

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