El Ejecutivo estudia la fórmula para mantener de forma estructural las condiciones ventajosas de las suspensiones de empleo para que sean la alternativa a los despidos

 

La utilización masiva de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la actual crisis económica causada por la pandemia mundial de Covid-19 ha cambiado la óptica desde la que las empresas abordan sus ajustes de costes. Gracias a esta herramienta, que ha llegado a proteger el empleo de 3,4 millones de asalariados, la destrucción de empleo entre mediados de marzo y finales de abril (cuando desaparecieron casi un millón de empleos casi todos temporales) no fue mucho mayor.

 

Ante esta evidencia, la vicepresidenta económica y ministra de Economía, Nadia Calviño, ya sugirió en agosto que el diálogo social debería abordar si los ERTE deberían “transformarse desde el instrumento de choque que son ahora a una oportunidad para que los trabajadores reciban formación y se recualifiquen, en línea con lo que hace Alemania”.

 

 

Ahora, el Gobierno habría retomado esta idea pero introduciendo un matiz: para que las empresas pudieran utilizar estos ERTE en mejores condiciones como medida de ajuste alternativa a los despidos deberían tener plantillas con más contratos fijos, según fuentes conocedoras del proyecto. Y tanto Economía como Trabajo estarían buscando la fórmula más adecuada.

 

Con ello se perseguiría consolidar este tipo de ajustes temporales como vía de flexibilidad para las empresas alternativa al uso de los contratos temporales. Y que, en todo caso, los ERTE sean prioritarios ante los despidos, insisten otras fuentes conocedoras de esta fórmula, aún no del todo diseñada. Al fin y al cabo, la temporalidad, en ambos modelos tiene un coste para las arcas públicas porque el trabajador va al desempleo de forma rotatoria. Si bien, el modelo de consolidar los ERTE como vía más común de flexibilidad interna “solo funcionará si hay dinero para las empresas”, indican fuentes vinculadas a una organización empresarial. Se refieren con ello a la posibilidad de que se mantenga algún tipo de exoneración de las cotizaciones empresariales.

 

Fuente.  CINCO DÍAS

 

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