Díaz prevé aprobar esta semana una orden ministerial que garantice el acceso de este colectivo a los cursos tanto para desempleados como para ocupados

 

El último pacto entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos que prorrogó las condiciones especiales de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero incluía una novedad: los trabajadores afectados por estos ajustes tendrían prioridad para acceder a los cursos de formación y reciclaje profesional.

 

Con ello se daba un paso más a lo incluido desde 2015 en el propio Estatuto de los Trabajadores, donde ya se recoge que, para los empleados afectados por un ERTE, se deben promover acciones formativas vinculadas a su actividad profesional cuyo objetivo sea aumentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad.

 

Sin embargo, estas cuestiones eran poco más que una declaración de intenciones ya que la normativa actual de formación profesional para el empleo “no siempre contempla la posibilidad de participación de estas personas trabajadoras (afectados por ERTE) en las distintas iniciativas, o establece límites a dicha participación, lo que puede dificultar o impedir el acceso a las acciones formativas a un colectivo que especialmente requiere de las mismas”, según han reconocido desde el Ministerio de Trabajo.

 

Por ello, el departamento que dirige la ministra Yolanda Díaz ha considerado necesario la elaboración y aprobación de una orden ministerial que garantice el acceso de estos trabajadores a todo tipo de cursos formativos así como darles prioridad para que se formen.

 

Es más, desde el Banco de España su director general de economía y estadística, Óscar Arce, reclamaba recientemente un “uso intensivo” de estas posibilidades de formación y reciclaje de los trabajadores en ERTE para “evitar su descapitalización” ante la eventualidad de que muchas empresas necesiten reestructurar sus plantillas.

 

Fuente:  CINCO DÍAS

 

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