El Círculo de Empresarios ve infladas las cifras de ingresos del Gobierno. Avala un Presupuesto expansivo pero pide un gasto con criterio técnico. La organización rechaza el aumento de la presión fiscal en plena crisis
El déficit estructural de las cuentas españolas, que subirá a un 6% del PIB por la crisis del coronavirus, tardará en corregirse 10 años pese a que el Gobierno consiga reducirlo al ritmo que exige la Unión Europea (UE), 0,5 puntos del PIB anuales. El Círculo de Empresarios ha mostrado hoy su preocupación por “la normalización de un déficit estructural elevado” de cerca de 75.000 millones de euros, un porcentaje del PIB solo superado en el ámbito de la UE por Eslovenia, Eslovaquia y Rumanía.
El Círculo de Empresarios ha presentado el documento PGE 2021: Un déficit estructural que compromete la recuperación, en el que realiza un análisis de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. En la presentación del documento, que ha tenido lugar por videoconferencia, han participado el presidente del Círculo, John de Zulueta, y el presidente del Grupo de Trabajo de Economía y Unión Europea, Juan María Nin.
Los empresarios creen que el Gobierno ha inflado las cifras de ingresos en los Presupuestos. El organismo considera que “los Presupuestos Generales del Estado han de reflejar las previsiones más realistas porque de ellas depende su credibilidad y la capacidad de generar confianza en los agentes económicos y sociales”. En cualquier caso, reconoce que “en un contexto extremadamente delicado como el actual, cambiante y sujeto a incertidumbre, hacer previsiones macroeconómicas no es fácil”.
A su juicio, “los ingresos deberían calcularse con un criterio más conservador y los gastos deberían tener en cuenta los más que previsibles incrementos en ciertas partidas” El Círculo de Empresarios estima que las compras de vacunas, así como la prolongación de los Erte más allá del 31 de enero, que tendrá un 3.400 millones de euros, los gastos por incapacidad temporal (1.200 millones) o las transferencias a las CC.AA. y Corporaciones Locales (8.600 millones).
Fuente: EL ECONOMISTA
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