Los expertos del Instituto de Estudios Económicos (IEE) ven “poco realistas” los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno y alertan de su impacto en el déficit y la deuda. 2Deterioran, aún más, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el mantenimiento del Estado de Bienestar, y lastran nuestra capacidad competitiva y nuestro crecimiento económico en el medio y largo plazo”, señalan.
Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, ha presentado hoy la Nota de Opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que los califica de “expansivos, sustentados en un escenario económico poco realista y en unas estimaciones de ingresos muy voluntarista”. A su juicio, esta combinación “resulta muy preocupante” y, además, consideran que las subidas de impuestos que proponen sobre las empresas no ayudan a favorecer la recuperación de la actividad y del empleo, ni hacen más atractivo nuestro país para atraer la inversión y retener el talento.
Los especialistas recuerdan que el déficit estructural de España es de los mayores de Europa según la Comisión Europea. “Por ello, resulta especialmente preocupante que parte del incremento del gasto previsto en los presupuestos pueda devenir en un incremento estructural del mismo, que complique aún más la necesaria consolidación fiscal que habrá que afrontar en los próximos años. Este hecho lastraría la confianza de los agentes y la competitividad de nuestra economía, comprometiendo el crecimiento económico en el medio y en el largo plazo”, consideran.
El documento del IEE recoge que el Gobierno ha justificado un presupuesto para 2021 con una política muy expansiva del gasto, de tal forma que el gasto público de las administraciones públicas se sitúa próximo al 50% del PIB. El incremento del gasto total del presupuesto consolidado del Estado es del 19,4%. Este notable incremento se apoya, por un lado, en el dinero que se prevé que llegue de la UE (26.634 millones) pero también está marcado por decisiones discrecionales del Gobierno, sobre todo en materia social.
Fuente: EL ECONOMISTA