En apenas unos meses, la pandemia ha dejado tras de sí un reguero de pésimas noticias tanto en el plano humano y sanitario como en el económico y social: un triste relato del que queda más que una coda. No obstante, y aunque de una manera muy modesta, la crisis de la covid también ha propiciado retazos para el optimismo: un ingreso mínimo vital a escala estatal, anhelo de muchos desde hace años —décadas, incluso—, ignorado por sucesivos Gobiernos y que el Ejecutivo de coalición ha tenido que activar a marchas forzadas.

La noticia llegó el 10 de junio, con el estado de alarma todavía activo y aún en los albores del desconfinamiento, cuando el Congreso sacó adelante sin ningún voto en contra —los que hablaban de “paguita” renunciaron al coste político de votar en contra— el ingreso mínimo vital (IMV): un salvavidas de entre 462 y 1.015 euros mensuales, en función del tamaño del hogar, con el que se buscaba rescatar a quienes peor lo están pasando. No solo era un anhelo de sus beneficiarios: era, también, una reclamación de larga data de Bruselas, que veía insuficientes los programas autonómicos.

Tres meses después, la del IMV es una historia de luces y algunas —evidentes— sombras. Unos 86.000 hogares (o unas 260.000 personas; más de la mitad de ellas, menores) lo han recibido ya, según el Ministerio de Seguridad Social, y pocos dudan de que ha llegado para quedarse como clave de bóveda en la arquitectura de protección social para los más desfavorecidos. Aún quedan, sin embargo, muchas familias que, pese a tener derecho a él, siguen sin recibir lo que les corresponde.

fuente: El pais