La crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a sacar toda su artillería para paliar los efectos que las medidas de contención del virus han provocado en empresas y trabajadores. Para ello, se utilizaron tanto instrumentos presupuestarios -cambios en la política impositiva y partidas de gasto en forma de subvenciones, pagos directos y cobertura de los costes fijos operativos de empresas y familias- como instrumentos sin un coste presupuestario directo, a través de programas de avales públicos para líneas de liquidez bancaria, de créditos directos a empresas o incluso de recapitalizaciones de empresas en dificultades.
Según recoge un estudio pulicado este lunes por el Banco de España, las medidas adoptadas a través de los programas de avales públicos han sido las más extendidas y generalizadas entre las principales potencias de la UE, como Italia, Alemania o Francia, así como en Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, entre estos países, España cuenta con el menor paquete de garantías públicas, con una cuantía de 100.000 millones a través del ICO (8% de su PIB), pero es el país que más lo ha utilizado para garantizar liquidez a empresas y autónomos hasta el mes de junio. Este último se suma a la nueva línea de 40.000 millones de euros para fomentar la inversión empresarial que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en julio.
Alemania, por su parte, moviliza con su programa de garantías públicas 820.000 millones de euros (el 24% del PIB) dirigidos a autónomos y empresas, mientras el paquete de avales italiano asciende a 450.000 millones de euros (el 25% del PIB) y el francés, a 300.000 millones de euros (12% de su economía) para préstamos bancarios corporativos. En el caso de Reino Unido, algunos de sus planes de apoyo a la liquidez tienen una naturaleza distinta a la de los Estados miembros de la UE (al igual que en EE UU), aunque el importe total se cuantifica en 380.000 millones de euros.
Fuente: CINCO DÍAS
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