El Congreso de los Diputados estudiará este martes la aprobación de un régimen sancionador para empresas morosas que sobrepasen los plazos de pago de sus deudas con multas de hasta 1 millón de euros. La propuesta saldrá a la palestra en la validación o rechazo de las enmiendas al acuerdo adoptado en la Comisión de Reconstrucción enarbolada por los partidos del arco parlamentario para adoptar medidas de cara a la recuperación tras la pandemia.

El objetivo, tal y como refleja la propuesta inicial de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) elevada a la Comisión de Reconstrucción en las últimas reuniones previas a las conclusiones pero que no gozó con el respaldo de los partidos mayoritarios, es el de combatir los crecientes problemas derivados del incremento generalizado de los plazos de pago de los proveedores, los cuales siempre han sido excesivamente amplios y especialmente por la morosidad en el pago de las deudas contractuales entre empresas. Más aún, en una coyuntura de crisis donde se acrecentarán las dificultades financieras para las compañías, especialmente en el caso de los pequeños y medianos empresarios.

En este sentido, los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad sitúan el coste financiero de la morosidad en nuestro país por encima de los 850 millones de euros, entendido como el coste de oportunidad que entraña no poder hacer un uso alternativo de la liquidez objeto de impago. A esto habría que añadir los costes que el impago acarrea para las empresas y que, a diferencia del coste financiero anterior, no son costes de oportunidad, sino pérdidas directas para el empresario.

Fuente:  EL ECONOMISTA

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