Publicado el 15/07/2020 Categoría: Actualidad

Las ventajas de las empresas de servicios públicos en la pandemia



La regulación de este sector en la mayoría de las economías abiertas es opaca y compleja. Las reformas estructurales deben apostar por una liberalización real

Por qué la regulación de los servicios públicos –electricidad, gas y agua– de muchos países de nuestro entorno económico y social permite que en situaciones como la que ha desencadenado el Covid-19 los consumidores —y contribuyentes— acaben pagando las caídas de ingresos de dichas empresas o que, incluso, sus ganancias aumenten de facto con la crisis?

La mayoría de las empresas están sufriendo en su cadena de negocio una pérdida por la recesión económica causada por el Covid-19. Existe menos demanda de los productos y servicios que venden. Aquellos que brindan un servicio continuo han visto un aumento en la falta de pago. Pocos de estos negocios estarán al completo de ingresos y gastos, excepto, tal vez, las industrias que tienen que ver con los servicios públicos esenciales tradicionales: agua, gas y electricidad. Centrémonos en la electricidad.

 

El devenir económico de los servicios públicos que proporciona la electricidad debería estar vinculado al de la economía en general. Los edificios de oficinas cerrados y las pequeñas empresas significan menos kilovatios-hora vendidos; un alza considerable del desempleo deja a los clientes de esos servicios sin recursos para pagar lo que deben a la compañía eléctrica. Las regulaciones gubernamentales al respecto, a menudo imaginadas/inspiradas como protección de los consumidores, en realidad se preocupan esencialmente de mantener intactos los resultados económicos de las empresas de esos servicios públicos.

La regulación de los servicios públicos en la mayor parte de los estados de economías abiertas es opaca y difícil de escudriñar. Pasa desapercibida para el proceso político normal o general. Es un terreno solo abierto a especialistas, consultoras y grandes despachos de abogados.

En medio del Covid-19, tanto en EE UU como en España ha comenzado con alarmante celeridad un cierto rescate de bajo perfil, alevoso, sin contrapartidas, de estas compañías haciendo uso de resortes curiosos. Desafortunadamente, acabarán pagándolo los clientes de esos servicios públicos y los contribuyentes.

La mayor parte de las empresas eléctricas del mundo obtienen sus ingresos de toda o parte de la cadena de suministro de la electricidad: generación, transporte, distribución y comercialización. Si están regulados —esencialmente en redes de distribución (y transporte si lo tienen)—, se basan en las inversiones que llevan a cabo y el mantenimiento de las mismas. Se les remunera con un porcentaje “justo y razonable” de esa inversión: en torno al 7% en EE UU, aunque varía bastante, y el 5% en España. Si La Reserva Federal de EE UU y el BCE han reducido los intereses del dinero a casi cero, esos porcentajes permiten a las empresas de servicios públicos no solo poder recuperar lo gastado, sino también obtener una ganancia inesperada sustancial, incluso cuando sus clientes en algún tramo del negocio puedan no pagar sus facturas.

Cuanto más gastan las empresas más cobran por esa remuneración. Los ingresos regulados suponen en sus ebitdas más de un 50 %, cuando no cifras sustancialmente mayores. En algunos países como España hay un techo para esa inversión, en función del PIB u otro indicador. Su fin es establecer un mecanismo de salvaguarda tope para racionalizar la cifra de teóricas inversiones y no abrumar al regulador con gastos de todo tipo. El último RDL 23/2020 levanta ese tope en España y permite que esta vía sirva para enjugar ciertas pérdidas vía inversiones.

En EE UU, en los últimos meses, las empresas de servicios públicos se han apresurado a pedir a sus reguladores en las comisiones estatales de servicios públicos —en 35 estados— que permitan el desacoplamiento y que emitan resoluciones coloquialmente denominadas órdenes contables. Con una orden contable en la mano, las empresas de servicios públicos pueden registrar en sus libros una compensación conocida como activo regulatorio. Es decir, un activo del accionista totalmente respaldado por la promesa de la regulación de aprovechar el monopolio de una empresa de servicios públicos para recuperar pérdidas a través de recargos en una fecha posterior que no sería posible en un mercado competitivo.

Además de esa suspensión del límite a las inversiones, en España también se tiene un colchón monetario para compensar las pérdidas que acarree el Covid-19: el déficit/superávit de tarifa. Se deja a la discreción del ministerio el utilizarlo para enjugar posibles pérdidas cuando se considere oportuno. Las comercializadoras —más de 300 en España— son las únicas que aparentemente deberían absorber los posibles impagos por parte de sus clientes.

Si revisamos escritos muy recientes de EE UU, España y otros países europeos cercanos en los que se cuestiona qué hacer para revitalizar el empleo y la economía para atravesar cuanto antes el desierto que deje la pandemia, bastantes recurren a la denominada vía verde, la electrificación de la economía y las consabidas reformas estructurales: abaratar el despido, rebajar las pensiones, subir el IVA de productos básicos, reducir el número de funcionarios, bajar impuestos a los ricos, etc. Muy pocos destacan lo importante que es abrir los monopolios paralizantes tradicionales —como son los de los servicios públicos— introduciendo más actores en ellos o que se pueda competir pos sus mercados, liberalizando el acceso a cualesquiera agentes estén dispuestos a hacerlo. Ni siquiera, cómo rectificar los sesgos a favor de las empresas incumbentes, como hacer mucho más resilientes esos sectores buscando el interés general —no el de los primeros que llegaron—, cómo modernizar para que los actores involucrados en todo el proceso económico tengan voz y voto vía operadores de los sistemas y cuál ha de ser la forma jurídica de estos, etc. Estas serían reformas estructurales vitales e innovadoras para las nuevas etapas por venir.

Los encargados de formular políticas regulatorias para los servicios públicos tanto en Estados Unidos como en España necesitan dotar a sus sectores de bases regulatorias que hagan florecer una economía más competitiva, abierta, eficiente y sostenible. Para ello tienen un largo camino por recorrer para lograr un equilibrio que haga que el capital privado invertido en ellos asuma una parte sustancial del riesgo de hacer negocios en él. Hasta que eso suceda, serán los consumidores de energía, agua o gas y los contribuyentes quienes pagarán, incluso por los servicios que no utilizaron.

 

 

Fuente : https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/14/opinion/1594727573_195509.html