La evolución desbocada del gasto público que asume el Estado en la financiación de los Erte sitúa la medida del ingente esfuerzo que está realizando la Administración y la dificultad de prolongar estos esquemas de protección de empleo durante el último trimestre de este año, más aún en la actual situación de desplome de la recaudación tributaria y escasez de recursos. De momento, hasta finales del mes de septiembre la factura ascenderá hasta los 42.000 millones de euros entre las exenciones con cargo a la Seguridad Social y la prestaciones con cargo al Sepe, lo que es equivalente a 3,5 puntos de PIB.

De hecho, hasta el 30 de junio y desde la segunda quincena del mes de marzo, el coste para el Estados se desglosaba en los 15.200 millones destinados a las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados y otros 6.900 millones en concepto de exención de cotizaciones. Un impacto que según explican desde la AIReF implica un coste de 3.400 millones de euros más por cada quincena que se extiende la cobertura, y que por tanto, elevará la factura hasta los 41.814 millones de euros para final de septiembre entre Sepe y Seguridad Social.

Fuente:  EL ECONOMISTA

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