El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado que, tras la fuerte caída de afiliación de marzo y el ligero descenso de abril, “los datos de las últimas semanas muestran una cierta recuperación del empleo tras el impacto del COVID-19”
Según ha subrayado ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, desde el inicio de mayo hasta ahora la afiliación a la Seguridad Social “ha crecido en más de 285.000 personas”, recuperándose parte del empleo destruido anteriormente.
Además, Escrivá ha destacado que el esquema de incentivos para favorecer la incorporación de trabajadores en ERTE, que da una mayor exoneración para las cotizaciones sociales de los trabajadores activados que de los suspendidos, “ha tenido un impacto relevante sobre la actividad”. En concreto, desde mayo, el número de trabajadores afectados por un ERTE ha bajado en un millón de personas, lo que indica que este esquema “está funcionando”. Así, actualmente, quedan unos 2 millones de personas en ERTE de fuerza mayor, un 35% menos que a principios de mayo, y 320.000 en ERTE de no fuerza mayor, un 20% menos que en los máximos de mayo.
Escrivá ha asegurado que, en este sentido, la mejor prueba de que las medidas tomadas están siendo efectivas es que la amplia mayoría de los trabajadores que han salido de un ERTE, un millón en total, “lo han hecho para reincorporarse a la actividad”. Escrivá ha subrayado también que el ritmo de activación de empleados suspendidos se ha acelerado durante las últimas semanas, a medida que se suavizaban las medidas de confinamiento.
Otras medidas para paliar los efectos del COVID-19
El ministro de Inclusión ha recordado en el Senado otras medidas puestas en marcha para suavizar los efectos la pandemia del COVID-19 en la economía, como la prestación extraordinaria para autónomos, concedida a más de 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia, o los aplazamientos de cuotas a la Seguridad Social, que fueron especialmente relevantes en algunos momentos de la pandemia (sobre todo, en el mes de abril).
Por otra parte, la Seguridad Social ha reconocido 750.000 prestaciones de Incapacidad Temporal asociadas al COVID-19. Todas ellas, tanto por aislamiento (70% del total) como por contagio, independientemente de las circunstancias en las que se produjeron, se han asimilado a accidente de trabajo, liberando del coste de la baja a trabajadores y a empresas.
En materia migratoria, Escrivá ha recordado que también se han tomado medidas de calado, como la autorización para que jóvenes de entre 18 y 21 años con permiso de residencia no lucrativo para trabajar en el sector agrario. A estos jóvenes, además, se les ha concedido una autorización de trabajo y residencia de dos años.
Más Información
- Presentación: Crisis COVID y Plan de legislatura (PDF)
- La Seguridad Social registró 2.022.041 ocupados extranjeros el último día de mayo
