El Ejecutivo considera fundamental garantizar la protección a los trabajadores, la solvencia de la Seguridad Social y la liquidez del sector productivo, pymes y autónomos. El Gobierno también ha culminado el proceso de equiparación salarial de los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas y ha decretado diez días de luto oficial por las víctimas del COVID-19.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes que prorroga la vigencia de algunas de las normas ya adoptadas para paliar el impacto económico causado por el COVID-19 y establece otras nuevas para diferentes sectores.
Medidas tributarias para pymes, autónomos y sociedades
El Real Decreto-ley modifica la norma aprobada el pasado 12 de marzo que permitía a pymes y autónomos aplazar sus obligaciones tributarias hasta un máximo de 30.000 euros durante seis meses, con los tres primeros exentos de intereses. El periodo de carencia se amplía ahora a cuatro meses. Montero ha explicado que, hasta la fecha, se han registrado 1.016.688 solicitudes de aplazamiento por un importe superior a los 2.031 millones de euros, y el número de beneficiarios asciende a 638.652.
Respecto al impuesto de sociedades, el procedimiento de declaración se adapta para que las que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes del final del plazo de presentación, puedan hacerlo con las cuentas anuales que tengan disponibles.
Aportación extraordinaria a la Seguridad Social
Montero ha explicado que, como consecuencia de la paralización económica y la batería de medidas establecidas para pymes y autónomos y la protección de los trabajadores, se han reducido los ingresos del sistema de la Seguridad Social y han aumentado los gastos, especialmente los de prestaciones por cese de actividad, por desempleo derivado de los ERTE y por bajas laborales.
Con el objetivo de equilibrar sus cuentas y de que pueda hacer frente a las mayores necesidades de gasto, el Gobierno ha aprobado un crédito extraordinario de 14.000 millones de euros para este organismo, así como un préstamo máximo de 16.500 millones sin intereses a su Tesorería General.
Trabajadores del campo y personal sanitario
La contratación temporal de trabajadores en el sector agrario y ganadero se prorrogará hasta el 30 de septiembre, en lugar de hasta el 30 de junio como recogía hasta ahora el Real Decreto-ley 13/2020 de medidas urgentes en materia de empleo agrario.
Por otro lado, se considerarán bajas por accidente de trabajo las derivadas del coronavirus para el personal sanitario de centros sanitarios o sociosanitarios. En el caso de fallecimiento dentro de los cinco años siguientes al contagio, ha concretado Montero, también se acreditará como causa el accidente laboral.
Sector económico y financiero
La norma aprobada recoge un incentivo a las moratorias en los préstamos hipotecarios y no hipotecarios que amplía los beneficiarios de un aplazamiento de deudas, y también la prohibición a las entidades de crédito, al menos hasta el 1 de octubre de 2020, de repartir dividendos o de contraer compromisos irrevocables de repartirlos. Estas iniciativas se alinean, ha dicho la ministra, con las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea y el Banco Central Europeo.
Montero también ha informado de que ha sido autorizado el otorgamiento de los avales necesarios para la participación de España en los mecanismos europeos acordados para luchar contra los efectos de la pandemia, como el Fondo Paneuropeo de Garantías del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
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Resumen: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/260520-cministros.aspx
