Choque de trenes en el corazón de Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha contestado este viernes a la sentencia del Tribunal Constitucional alemán en la que si bien avalaba que el programa de compras de deuda lanzado por Mario Draghi en 2015 era compatible con los derechos pedía que justificase en tres meses su alcance, refuntando una decisión anterior del propio TJUE. El alto tribunal europeo recuerda en este sentido que “es el único competente para declarar que un acto es contrario al derecho de la unión” Pese a que el comunicado afirma que el TJUE “no hace comentarios sobre las sentencias de un órgano jurisdiccional nacional”, lo cierto es que el alto tribunal europeo ha cargado tintas contra los jueces alemanes, a los que ha recordado sus limitaciones. En concreto, ha aludido a la “jurisprudencia previa” para avisar de que las sentencias dictadas por el TJUE vinculan a los tribunales nacionales a la hora de tomar sus decisiones.
El alto tribunal europeo no evita, sin embargo, considerar que el dictámen del Constitucional alemán es un torpedo en la línea de flotación de la UE. No solo porque trata de poner límites al instrumento que más ha calmado las tensiones en la deuda soberana de los países miembros en tiempos de zozobra económica, sino también porque pone en jaque la auctoritas de la justicia europea. En Alemania ya se preparaban demandas para comprometer el uso del último bazuka que ha diseñado Christine Lagarde para contener las consecuencias económicas del virus. Y Polonia y Hugría ven la decisión alemana como una puerta abierta para poner en marcha legislaciones nacionales restrintivas en derechos civiles y que confrontaban con los tratados europeos.
En definitiva, los jueces de Estrasburgo han querido blindar su potencia de fuego y evitar que los magistrados de cada país puedan tomar decisiones contradictorias entre sí sobre la interpretación de las normas europeas o diferentes a los de las instituciones europeas. Trata de evitar, por ejemplo, que la justicia española avale el uso de las cláusulas suelo en las hipotecas en contra de lo que dictó el TJUE hace tres años.
“Al igual que otras autoridades de los Estados miembros, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a garantizar el pleno efecto del Derecho de la Unión. Solo así puede garantizarse la igualdad de los Estados miembros en la Unión creada por ellos”, señala el comunicado.
