El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que aspira a captar los 140.000 millones en subvenciones y créditos europeos con los que dejar atrás la crisis del Covid-19. Un aspecto clave de la hoja de ruta de inversiones y reformas es el mecanismo de fiscalización del uso de las ayudas comunitarias, que no solo deberá garantizar un correcto y eficiente uso de los recursos comunitarios sino que será clave para garantizar su llegada, pues los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de objetivos. Una delicada tarea para la que el Gobierno baraja contratar a auditoras privadas.

 

El sistema de fiscalización ideado por el Gobierno busca conjugar los mecanismos de control ya existentes en las administraciones públicas, reforzándolos, junto con otros de nueva creación que permitan verificar “la fiabilidad de los hitos y objetivos” marcados, y evitar “las irregularidades relativas al fraude, la corrupción, el conflicto de intereses o la doble financiación”. Se articulará en tres niveles con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la cúspide de la pirámide.

 

El primero lo ejecutarán cada una de las administraciones que impulsen proyectos con ayudas europeas, que deberán usar las bases de datos y plataformas de contratación públicas así como las herramientas de análisis diseñadas por la Comisión: el sistema Aracne.

 

Fuente: CINCO DÍAS

 

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