El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que el Ejecutivo continúa así la labor que viene realizando desde la declaración del primer estado de alarma, hace un año, para minimizar el impacto del COVID-19 en el tejido productivo y el empleo.

“Nunca antes se había hecho un esfuerzo de esta envergadura, de esta magnitud, dirigido al conjunto de empresas y al conjunto de trabajadores”, ha dicho Montero, quien ha destacado que el Gobierno ha protegido igualmente el bienestar de las familias y la calidad de los servicios públicos.

A pesar de la crisis económica -ha apuntado la portavoz-, las comunidades autónomas han recibido durante los años 2020 y 2021 la mayor financiación de su historia para garantizar el funcionamiento de servicios tan esenciales como la sanidad, la educación y la atención de las personas más vulnerables.

Anticipar problemas de solvencia

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que las medidas buscan anticiparse a posibles problemas de solvencia debidos a las restricciones de actividad en los sectores y territorios más afectados por la pandemia. “Tratamos de aliviar la caída de ingresos y el sobreendeudamiento que pueda poner en riesgo la supervivencia de empresas perfectamente viables y que, con ello, se lastre la recuperación”, ha asegurado.

La vicepresidenta ha resaltado que los indicadores diarios de actividad apuntan a una ralentización en el primer trimestre de 2021, en línea con el resto de los países europeos durante la tercera ola de la pandemia, pero las previsiones de todos los organismos apuntan a una mejora a medida que avance el año y en 2022. También confirman esa tendencia los datos más recientes del mercado laboral, entre ellos la reducción del número de trabajadores sujetos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Nadia Calviño ha indicado que, junto a los ERTE, en el mantenimiento del tejido productivo han sido claves las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) canalizadas a través del sector financiero -se han movilizado más de 121.000 millones de euros-, la prestación extraordinaria para los autónomos, las moratorias bancarias, fiscales y de Seguridad Social y otras exenciones.

Las ayudas desplegadas en 2020 ascendieron a un veinte por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), y con las adoptadas hoy el total previsto para este año supera ya el dos por ciento. “Un importante esfuerzo fiscal, imprescindible, que ha sido señalado por las instituciones europeas por su eficacia y su magnitud”, ha expuesto.